GAP enfrenta varios litigios, incluso en Vallarta

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Los últimos meses se ha hecho mucho ruido respecto al problema legal que enfrenta el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con ejidatarios de Tlajomulco (Aeropuerto de Guadalajara), además enfrenta otras situaciones complicadas en tres terminales más, incluyendo la de Puerto Vallarta.

Es decir, en total son cuatro situaciones que persisten en un total de 12 aeropuertos que opera el GAP en el país.

La compañía entregó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del 2017, en cuyo apartado de “contingencias”, destaca los reclamos en contra de algunos aeropuertos por parte de los municipios en los que operan por el pago del Impuesto Predial y litigios ejidales en otros.

Los litigios del gobierno federal con distintos grupos de ejidatarios a quienes les expropiaron terrenos sobre los cuales se construyeron aeropuertos es uno de los factores a destacar.

La compañía hace referencia al conflicto legal del ejido Tampico al que el gobierno mexicano expropió terrenos en 1970, los cuales constituyen una parte de la superficie del aeropuerto de Tijuana donde los comuneros pidieron la reversión de la expropiación.

“Durante el 2008 se negó el amparo al Ejido Tampico en Tijuana por lo cual éste promovió un recurso de revisión que fue resuelto favorablemente a los intereses del ejido y que por tanto podría afectar el perímetro del aeropuerto en virtud de que no se conoce el alcance de la superficie revertida a favor del ejido. A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, el juicio continúa pendiente de resolverse”, explica el documento.

Se hace referencia también de los amparos presentados por los ejidos El Zapote y Santa Cruz del Valle por los decretos expropiatorios de 1975 para la construcción y ampliación del aeropuerto de Guadalajara.

En tanto, el aeropuerto de Puerto Vallarta enfrenta una situación similar con el ejido Valle de Banderas y en este caso también se está en espera de las resoluciones judiciales respectivas.

Tras hacer un recuento de los recursos legales interpuestos por esos grupos de ejidatarios, el GAP está a la espera de la resolución judicial y “en caso de que dichos procesos legales se resuelvan de tal forma que afecten a cualquiera de los aeropuertos de la compañía, ésta tiene recursos legales para impugnar las resoluciones”.

Por otra parte, el documento también enfatiza el requerimiento que hizo el ayuntamiento de Tijuana en el 2014, reclamando el pago del Impuesto Predial del periodo 2000-2014 por los terrenos en que está asentado el aeropuerto, mismo que fue impugnado al igual que la fianza que fijó el Tribunal, aspecto que aún no se ha resuelto por parte de las autoridades judiciales.

El informe de la compañía a la vez menciona el requerimiento del Impuesto Predial que presentó el gobierno municipal de Manzanillo, Colima, en febrero del 2013, demandando el pago de dicha contribución correspondiente a los últimos cinco años por las áreas comerciales y las destinadas a estacionamiento, aunque en este caso la resolución en los procedimientos judiciales fue favorable al aeropuerto.

“Debido a que la compañía y sus abogados consideran que los requerimientos de cobro están fuera del marco de la ley, la compañía ha procedido a presentar medios de defensa en contra de las autoridades municipales, mismas que a la fecha se encuentran pendientes de resolver.

“Al igual que en asuntos anteriores que han resultado favorables a los intereses de la compañía, en opinión de la administración y de sus asesores legales, no existe una obligación presente por lo que la compañía no ha reconocido provisión alguna respecto de estos requerimientos”, apuntó.

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