Policías también pueden demandar por daño moral a ex funcionarios

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El Octavo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco dictó sentencia definitiva a favor de un grupo de 38 policías que en 2014 fueron despedidos de manera injustificada durante la administración de Ramón Guerrero y la comuna deberá indemnizar por más de 22 millones de pesos, además de reinstalarlos.

Así lo informó en conferencia de prensa el abogado Maximiliano Lomelí Cisneros, acompañado por los representantes de dos bufetes (Santa María y Prado) que llevaron el caso conjunto y la mayoría de los denunciantes.

Detalló que de acuerdo al juicio de amparo 26/2014, la instancia federal determinó que el despido de policías (de diferentes rangos) ocurrido el 31 de octubre de 2014 fue hecho de manera injustificada, al señalarlos de no haber aprobado el examen de confianza al que obliga la ley.

“Además, de manera dolosa, se les señaló de estar involucrados con la delincuencia organizada. Es penoso reconocer que el Estado se equivoca, más aún cuando la empresa que hizo el examen de confianza ni siquiera estaba certificada”. Dicha empresa se denomina “Centro Estatal de Control de Confianza”.

Indicó que el 15 de octubre de 2015 en primera instancia el tribunal federal sentenció a favor de los policías por las siguientes indemnizaciones y prestaciones: remuneración diaria, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, 20 días por año laborado, estímulo de servidor público, ayuda de despensa y transporte y quinquenio.

Sin embargo, “con diferentes triquiñuelas retrasaron los avisos y entregas de documentos al tribunal federal. No obstante, el pasado 13 de enero nos fue notificada la resolución definitiva, que es irreversible”.

Además, a partir de que el Ayuntamiento sea notificado (tentativamente esta semana), tendrá un plazo de tres días para reinstalar a los policías en la comisión que les asigne la Dirección de Seguridad Ciudadana, así como cubrir el pago actualizado correspondiente a las prestaciones, que en estos momentos asciende a 22 millones 261 mil 910.33 pesos.

Advirtió que de no cumplir con el mandato (desacato), el gobierno municipal se expone al embargo de bienes, ya que se iniciaría procedimiento administrativo, el cual puede terminar con la separación del cargo e incluso consignación penal de funcionarios.

Lomelí Cisneros explicó que inicialmente un grupo de 52 policías inició la demanda, sin embargo fueron presionados por la comuna y algunos de ellos accedieron a recibir “dádivas”, esto es, montos muy inferiores a lo que merecen, que la mayoría no aceptó. “Algunos por sus necesidades lo hicieron, con engañosos dolosos, o por haber sido jubilados”, lo cual, dijo, no anula la obligación de la comuna de pagar la indemnización.

El abogado también advirtió que si el Ayuntamiento solicita revisión de las cantidades a indemnizar, los funcionarios que lo hagan incurrirán en responsabilidad civil y profesional, “sería una violación procesal de acuerdo al código penal, que implica sanciones. Es mejor que no se metan en cuestiones legales que desconocen. Además, un retraso llevaría a actualizar la cantidad a indemnizar, para perjuicio de la sociedad vallartense, pues es un pago del erario público”.

Por otra parte, informó que el grupo de policías analiza la posibilidad de demandar por daño moral y diversos perjuicios que les ocasionaron, ya que fueron acusados “de manera dolosa, al tacharlos en los medios de criminales, faltos de confianza para la sociedad y sus familias”. En este caso, dijo que hay causales legales denominadas providencias precautorias o medidas cautelares, que implica el embargo de bienes de quienes difundieron de manera dolosa acusaciones o las aceptaron, específicamente quien fuera Fiscal del Estado, Luis Carlos Nájera, y el comisario de seguridad, Rogelio Hernández de la Mata, aunque serían llamados a juicio todos los funcionarios que firmaron las constancias.

Con esta resolución, apuntó que los expedientes de los policías deberán ser entregados por el Ayuntamiento al tribunal federal, “limpios y darlos de alta ante el Sistema de Seguridad Nacional”.

Más adelante refirió que las autoridades municipales actuales, que encabeza Arturo Dávalos Peña, están en su derecho de proceder legalmente contra los funcionarios que en su momento emprendieron este acto antijurídico.

La mayoría de los policías que fueron agraviados en 2014 enfrentaron una situación muy complicada, ya que por los señalamientos que hicieron en su contra les fue imposible conseguir otro empleo. Eso les llevó en un momento dado a recurrir a préstamos, a sufrir embargos, en fin, sobre todo quienes tienen familia.

Los policías ya crearon una comisión para tratar directamente con el gobierno municipal a partir de esta resolución.

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